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La plataforma WebCT nos ofrecen la oportunidad de llevar a cabo un amplio abanico de acciones de docencia, de investigación y de gestión en el campo de la Ciencia Jurídica, ya sea en las ciencias jurídicas, ya sea en las ciencias sobre el Derecho, ya sea en el campo de la Filosofía del Derecho, ya sea en la Teoría de los Derechos Humanos.
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La Directiva de OPAs de 2004 es el resultado de un largo esfuerzo por armonizar estas operaciones. Se trata de favorecer un marco regulador común a los Estados miembros en relación con los aspectos principales de estas operaciones como forma de que todos los accionistas puedan participar en un eventual cambio de control. La Directiva pretendía limitar la utilización de medidas defensivas, que proliferan en los distintos mercados europeos.
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La atención que en los últimos años viene mereciendo el gobierno de las sociedades cotizadas ha hecho renacer el debate sobre conceptos fundamentales del Derecho de sociedades, como es el caso del interés social. Los términos creación de valor y responsabilidad social corporativa, nacidos en ámbitos extrajurídicos, vienen siendo acogidos en medida creciente en la gestión y ordenación de las sociedades cotizadas. El trabajo critica la falta de rigor con que esos y otros términos relacionados con ellos son incorporados a las reglas societarias, lo que genera un considerable confusión.
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El seguro de vida es un instrumento jurídico idóneo para atender la cobertura de las necesidades de previsión social que, a la vista de la actual coyuntura económica de los países desarrollados, son crecientes en términos cuantitativos, cambiantes en términos cualitativos y múltiples por cuanto pueden cubrirse mediante mecanismos financieros diversos y complementarios. En este contexto, el presente trabajo analiza, en primer lugar, los aspectos polémicos de la regulación del seguro de vida a partir de la jurisprudencia dictada en los últimos años.
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El códice escurialense N-II-19, que carece de preomio y colofón, contiene en lengua latina, a lo largo de los 10 capítulos de que consta, la recensión de dlos de las obras más conocidas de Rolandino: la suma del arte notarial y el Tratado de las notas. El origen y datación de este manuscrito en papel hay que situarlo en algún scriptorium perteneciente a la ciudad mallorquina de Montpellier, o a la cercana de Perpiñan, en el primer tercio del s. XIV.
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La experiencia empresarial de las sociedades anónimas manifiesta la frecuencia con la que en una misma persona confluyen la condición de trabajador y la de accionista; las de administrador y gerente (o apoderado general) y otras posibles combinaciones (trabajador ordinario-accionista minoritario; trabajador ordinario-accionista mayoritario; trabajador especial-accionista minoritario; administrador-accionista minoritario; administrador con facultades mancomunadas o solidarias-accionista minoritario o mayoritario, entre otras).
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Todos los casos debatidos se refieren a negocios concluidos por la misma Entidad de crédito, similar círculo de personas (clientes de Banesto, trabajadores y sus familiares) y entroncan con la operación, de desprenderse de una autocartera superior a los límites autorizados por la legislación de sociedades anónimas, o como medio para asegurar la suscripción por “amigos” en las sucesivas ampliaciones de capital o en personas respecto de las cuales el Banco podía mantener el control y el poder de decisión sobre los valores.
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Habitualmente las estimaciones sobre la duración de los asuntos judiciales se inician por la eliminación de todas aquellas observaciones en las que no se cuenta con alguna de las dos fechas relevantes (inicio o fin del procedimiento). Este modo de proceder tiende a producir un sesgo en las estimaciones. Así pues, en este artículo se presenta una novedosa aplicación del Análisis de Supervivencia para estudiar la duración de los asuntos civiles presentados en la Capital Federal argentina y la ciudad de Santa Fe.
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Analiza el autor la situación legal y jurisprudencial de la institución de la caducidad en el ámbito tributario. La ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, excluía expresamente de su ámbito a los procedimientos tributarios y la recientemente derogada LGT de 1063 impedía la caducidad del procedimiento, estas dos normas habían propiciado que la privación de esta institución en el ámbito del derecho tributario.
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Cabe remunerar a fundadores o promotores de una sociedad anónima por la idea creativa de la empresa o por sus desvelos para su constitución con derechos especiales en calidad de terceros que habrán de constar en los estatutos. Han de ser de contenido económico, si bien se discute si caben ventajas diferentes a la participación en beneficios, limitadas temporalmente y en su cuantía por la ley española.
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